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Donald Trump: más cerca que nunca del escándalo

Washington – Poco después de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanó la oficina y la habitación de hotel de su abogado personal, el presidente Donald Trump no recurrió a sus acostumbradas mofas.

Sus tuits fueron defensivos, lo que pareció una señal de alarma. “Cacería de brujas”, “Ha muerto el privilegio de cliente abogado”, indicó Trump a través de la red social Twitter.

Las investigaciones criminales relacionadas con personas allegadas al presidente Trump –que comenzaron por la ayuda que pueda haber recibido su campaña del gobierno de Rusia–, han tocado más de cerca su fibra personal y apuntado hacia acciones que pueden haberse tomado para encubrir sus conductas.

Por ello, el presidente Trump, quien como candidato presidencial proclamó que podía matar a alguien en el medio de la Quinta Avenida de Nueva York y aun así no perder seguidores, puede haber dejado entrever, por vez primera, que está preocupado.

Las investigaciones alcanzaron otro tono tras el operativo reciente del FBI en la oficina del abogado de Trump y de su organización empresarial, Michael Cohen. El abogado admitió haber pagado, 12 días antes de las elecciones de 2016, $130,000 a la actriz de películas pornográficas “Stormy Daniels”, cuyo nombre de pila es Stephanie Clifford, para comprar su silencio sobre el encuentro sexual que ella dice tuvo en 2006 con el ahora presidente de Estados Unidos.

“Hasta que Robert Mueller –el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia para investigar los lazos entre la campaña de Trump y funcionarios rusos– no saque toda la evidencia, es difícil estimar hasta dónde va a llegar esto”, dijo el profesor Charles Venator Santiago, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Connecticut.

Por el momento, lo que se conoce es que la incautación de documentos del abogado Cohen se relaciona con una investigación por posible fraude bancario y violaciones a las leyes sobre el financiamiento de campañas electorales.

Pero, los que conocen a Trump dicen que después de su familia inmediata, el abogado es la persona más cercana a sus asuntos personales y empresariales.

Aunque Trump ha negado el supuesto encuentro sexual, así como haber tenido conocimiento previo del trámite realizado por su abogado al pago a la actriz de películas pornográficas, según expertos, pudiera considerarse una aportación financiera no reportada a su campaña presidencial.

La intervención del FBI en la oficina del abogado Cohen fue ordenada por la fiscalía del sur de Manhattan, como un referido del fiscal Mueller, un ex director del FBI.

Mueller –a quien Trump ha amenazado con destituir–, tiene como principal tarea conocer quiénes pudieron haber colaborado con Rusia en la campaña electoral, para beneficiar al ahora inquilino de la Casa Banca.

Mueller tiene el respaldo del liderato del Congreso, que ha hecho sus propias averiguaciones. En la Cámara baja, los republicanos decidieron cerrar la pesquisa sobre la interferencia rusa, pero el Senado mantiene una investigación abierta.

Con los republicanos a cargo del Congreso, nadie espera que en este momento avancen un proceso de destitución. Aún con los demócratas recuperando el Congreso, el profesor Venator Santiago cree que la orden será esperar por la investigación de Mueller.

“Una investigación del Congreso no va a tener la credibilidad que tendría la de Mueller”, sostuvo Venator Santiago, en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque no haya surgido evidencia directa contra Trump, la investigación de Mueller sobre la interferencia del gobierno ruso ya ha extrapolado cargos por delitos que considera cometieron allegados al presidente estadounidense o grupos asociados a Rusia.

Por ejemplo, el exdirector de campaña de Trump Paul Manafort y su subalterno, Rick Gates, se enfrentan, en conjunto, a 12 cargos de lavado de dinero y ocultar información bancaria, así como trabajo de cabildeo realizado en 2015 para clientes del extranjero.

Algunos de esos cargos contra Manafort y Gates generaron denuncias criminales adicionales presentadas por Mueller en febrero, en el estado de Virginia, tras imputarles fallar en pagar contribuciones durante 10 años y utilizar propiedad para asegurar fraudulentamente cerca de $20 millones en préstamos.

Previamente, el 30 de noviembre de 2017, el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, Michael Flynn, se declaró culpable de mentir sobre sus conversaciones con el embajador ruso. Semanas antes, el 5 de octubre, George Papadopoulos, quien fue asesor de Trump durante las elecciones, aceptó mentir al FBI sobre los esfuerzos para poner en contacto la campaña con funcionarios rusos.

El fiscal Mueller acusó, además, en febrero a 13 personas y tres entidades rusas de interferir directamente en las elecciones, organizando eventos y diseminando información a favor de la campaña de Trump.

Aunque referida por Mueller, la investigación centrada en Cohen, sin embargo, llega a través de la fiscalía del sur de Manhattan, que tramitó la orden que ha permitido que el FBI se incautara de archivos del abogado personal de Trump en torno a sus clientes y sus finanzas personales.

Según The Washington Post, aunque no está claro si mantenía guardado algún diálogo con Trump, Cohen tenía la costumbre de tener en sus archivos grabaciones de conversaciones con clientes.

Aunque Trump y sus portavoces han aludido al privilegio cliente-abogado, para permitir la incautación de documentos, la fiscalía tuvo que convencer a un juez de que la solicitud se refiere a la posibilidad de delito o fraude, según Sol Wisenberg, quien fue asistente del fiscal especial Kenneth Starr, que investigó al presidente Bill Clinton.

El abogado Andrew Hall, quien tuvo como cliente a John Ehrchilman –un exasesor de Richard Nixon durante el escándalo de Watergate–, explicó a la revista Vanity Fair que si un cliente “va a un abogado y confiesa, ‘he cometido un crimen, robé dinero, tiroteé a alguien, maté a alguien’… esa confesión está protegida por el privilegio abogado-cliente… pero, si el cliente intenta utilizar el abogado o el abogado voluntariamente decide ser parte de la comisión de un delito, no hay privilegio”.

Además de buscar información sobre el pago a “Stormy Daniels”, el FBI solicitó récords sobre el vídeo de 2005 publicado por el programa de NBC “Access Hollywood”, en el que se escucha la voz de Trump presumir de cómo agarraba partes íntimas y besaba a mujeres sin su consentimiento.

Tras la divulgación de ese vídeo, en medio de la campaña de 2016, cerca de una docena de mujeres denunciaron que fueron agredidas sexualmente por Trump. El magnate de la industria de bienes raíces, convertido en político, negó todas las denuncias.

Pero, la nueva tormenta a que se enfrenta Trump no incluye solo a Daniels.

Trump y sus abogados han tenido que responder a las expresiones de la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quien sostuvo que entre 2006 y 2007 tuvo una relación extramarital con el presidente y de quien dijo llegó a enamorarse. La Casa Blanca también ha negado ese supuesto affair.

De acuerdo con lo que se ha filtrado, Mueller todavía investiga al presidente Trump y a miembros de su equipo, por los acercamientos a personajes rusos durante y después de la elección, obstrucción a la justicia y abuso de poder.

Hace unos días, el exdirector del FBI James Comey, destituido después de que Trump le pidiera dejar a un lado la investigación sobre Michael Flynn, acaba de publicar un libro en el que narra aquella extraña reunión con el inquilino de la Casa Blanca y lo describe, una y otra vez, como una persona deshonesta.

Para avivar más el debate, el Partido Demócrata presentó anteayer una demanda multimillonaria en contra de la campaña de Trump, el gobierno de Rusia y la organización Wikileaks, en la que alega una conspiración para volcar la elección de 2016 a favor del ahora presidente estadounidense.

La campaña de Trump consideró el recurso judicial como un montaje publicitario. Lo mismo dijo el gobierno de Richard Nixon en 1972, cuando el Partido Demócrata presentó ese año una demanda por la incursión en sus cuarteles generales de Watergate. La campaña de Nixon, sin embargo, terminó tranzando la demanda por $750,000, justo el mismo día de la renuncia del entonces presidente de EE.UU.

Nixon y Clinton

El republicano Nixon y el demócrata Bill Clinton son los dos presidentes que se han enfrentado a procedimientos de destitución en el último medio siglo. Ambos se enfrentaron a cargos de obstrucción de justicia.

Nixon dimitió cuando estaba en marcha en el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja decidir si recomendaba su destitución.

En el caso de Clinton, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en 1998, validó dos cargos: obstrucción de justicia y perjurio.

La investigación del entonces fiscal especial Kenneth Starr comenzó por denuncias de supuestas irregularidades de Clinton vinculadas a la firma de bienes raíces Whitewater, el alegado mal uso de información del FBI y el despido de empleados de la Oficina de Viajes de la Casa Blanca.

Pero, los dos cargos que llegaron al Senado estadounidense estuvieron basados en relaciones extramaritales. A Clinton le imputaron haber mentido sobre su relación con la becaria de Casa Blanca Mónica Lewinsky y obstruido la justicia en la investigación en torno a su relación extramarital con Paula Jones.

Pero la petición de destitución no avanzó en el Senado, donde se requería el visto bueno de dos terceras partes de los senadores (67). La votación quedó empate. Hubo 50 senadores a favor de la destitución de Clinton y 50 en contra.

En noviembre, se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado estadounidense, que en estos momentos se divide entre 51 republicanos y 49 demócratas.

Aún si los demócratas recuperan la Cámara baja y les pareciera prudente, tomando como base posibles recomendaciones del informe de Mueller, ordenar un juicio político –el que se puede aprobar por mayoría simple–, las expectativas son que la distribución de escaños en el Senado seguirá todavía dividida casi en partes iguales.

Es decir, si hubiese algún cargo contra el presidente Trump, sin un grado de consenso bipartidista será imposible terminar el proceso en el Senado.

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